Manuel Núñez
Entre las muchas ideas clarividentes de Raymond Aron, hay una que suele iluminar la actitud de los hombres ante la historia : “cuando los hombres no eligen, los acontecimientos eligen por ellos”. Es decir, si nos negamos a enfrentar las realidades, nos tropezaremos con unos resultados históricos adversos, perdidos en la desolación y en la incertidumbre.
El porvenir depende de las decisiones que tomemos o de nuestra falta de decisiones. Si no asumimos la inmensa responsabilidad que nos ha tocado, si esperamos inútilmente que la salvación nos llegue de la providencia, de la bondad de la Virgen o de la decencia ajena, entraremos en el terreno vacío del fracaso histórico.
El Gobierno se enfrenta a un dilema. O acata la Constitución y las leyes dominicanas, reconociendo que la incorporación al CIDH al no haber sido aceptada por el Congreso, contradice nuestro derecho interno (en vista de ello, la Sentencia 256/14 debe ser acatada plenamente, sin excusas), o, por el contrario, se aboca a cumplir con los planes que han ideado los traidores, que le proponen que envíe un proyecto de afiliación a la Corte a la consideración del Congreso. Es decir, que someta al país a una soberanía tutelada. De tal modo que todas las ONG que operan en nuestro territorio encuentren una Corte que ha tenido la osadía de apoderarse de los casos, sin que antes se hayan ventilado en los tribunales del país. Ha actuado, pues, como un tribunal interno de la Republica Dominicana, suplantando plenamente al poder judicial, y violando las propias reglas de la Corte.
No se puede cumplir la Constitución a medias. No es posible complacer a los dos tribunales. Uno, que niega la soberanía dominicana; y, otro que la representa.
Las declaraciones de la Cancillería muestran la indecisión. En el comunicado oficial al mismo tiempo que se proclama el respeto de la Sentencia 256/14, se le otorga la razón al CIDH en lo que toca a las disposiciones migratorias.
Mientras tanto sus abogados se inventan trampas para escapar al vínculo jurídico que crea la Sentencia. Importan legislaciones–desde el derecho common law de los Estados Unidos hasta códigos estrafalarios–. En su afán de violar la Constitución han planteado la excepción política como método para saltarse las disposiciones constitucionales. Nadie se ha librado del ridículo ni de las payasadas producidas por la manipulación para escapar de la ley.
¿Por qué ponen tanto empeño en destruir la soberanía dominicana?. ¿Acaso no juraron cumplir la Constitución y las leyes de la Republica?. ¿Gobiernan una nación que odian, que se niegan a defender, como si nuestra existencia como territorio independiente de Haití fuera el resultado de una injusticia?.
Con estos tumbos, nos estamos comportando como una sociedad que carece de proyecto común, que se niega a defender el control de su destino y que actúa como esos bueyes que se colocan, voluntariamente, las mancuernas porque odian la libertad.
Los que quieren someter al país a una tutela internacional tienen abogados verbosos, dueños de discursos altisonantes, imitadores de la oratoria de Cantinflas que defienden con uñas y dientes el derecho del extranjero sobre el nacional. Se olvidaron que aquí ese experimento social equivale a la eliminación de la independencia.
En 1822, la ocupación militar haitiana puso punto final a nuestra soberanía. Hoy la mudanza del pueblo haitiano a nuestro territorio quiere hallar las formas del derecho, para con ese venerable disfraz jurídico, hacer operar en la Republica Dominicana la soberanía de dos pueblos. La del pueblo dominicano que se halla en su territorio histórico, y la del pueblo haitiano que lograría producir una conquista politica y territorial sirviendo de plataforma de cada vez mayores oleadas de haitianos.
La democracia, la libertad, el desarrollo de nuestra patria solo puede realizarse dentro del marco de la nación. ¿Cómo podríamos desarrollar nuestra cultura, el bienestar de nuestros compatriotas, destruyendo sus mecanismos de supervivencia, importando problemas que anularan nuestras conquistas sociales y volviendo a un pasado que habíamos superado en 1844?.
Esta nación no merece el abandono de sus lideres políticos ni de sus intelectuales y profesionales; no se merece esos abogadillos y periodistas implacables que combaten su soberanía; no se merece el descrédito internacional con que las castigan sus enemigos; ni tampoco merece una invasión peor que las siete plagas de Egipto.
Los dominicanos tienen derecho a existir como pueblo independiente con su cultura, con su lengua, su modo de vida. Tienen derecho a que se le respete su historia. Para anular esos derechos nos han contado todos los cuentos. Que tenemos obligaciones con una población extranacional. Que los tratados y el derecho internacional nos comprometen al punto de recortar la soberanía. Declaraciones melodramáticas. Nosotros, desde luego, no somos una isla jurídica en el mundo. En 164 países de los 194 reconocidos por las Naciones Unidas se aplican normas semejantes a las nuestra. ¿Por qué todos tendrían derecho a aplicar sus Constituciones y sus leyes menos nosotros?
Claramente las leyes internacionales no plantean nuestra abolición.
Las victimas principales de todo este sistema son los trabajadores y los campesinos dominicanos, suplantados sin que ninguna de las organizaciones políticas y sindicales que asumen su representación proteste. Privados de su modo de existencia; sus hospitales, empobrecidos, por las oleadas de enfermos procedentes del país vecino; sus escuelas, sigilosamente, ocupadas. Y, es muy probable, que sean, además, suplantados en el Registro Civil ¿dónde están los defensores del proletariado? ¿Adónde han ido a parar los discursos de redención de las gloriosas épocas revolucionarias?
Ante los peligros de esta destrucción social se han sentido atraídos por las utopías y leyendas del Centro Bonó, según las cuales profundizando en este derrotero, llegaremos a un día radiante. Los haitianos, por su parte, se burlan de nuestra indecisión. Es verdad que Haití es débil. Pero esa debilidad la emplean para convertirla en una fuerza diplomática manipulada en contra nuestra y para montar una maquinaria capaz de devorar nuestros progresos. De este modo, las victimas se han transformado en auténticos verdugos.
Entre las ideas ingenuas que campan por sus respetos, esta la tesis de que esos haitianos que ahora tendrán papeles dominicanos renunciaran a su identidad, a su religión, a su lengua y romperán todos sus enlaces consanguíneos con su patria de origen. ¿Cuál es el proyecto de las poblaciones haitianas establecidas en nuestro país? Su Gobierno se ha planteado como politica exterior sacar anualmente 100.000 haitianos como válvula de escape, y convertir las remesas extraídas de Republica Dominicana y de los Estados Unidos, en un modo constante de supervivencia. Sus poblaciones se han organizado para colonizar el territorio nacional de modo permanente. ¿Podremos los dominicanos aceptar un modelo que devora los empleos que la economía crea; destruye el bienestar; anula nuestros progresos sociales y desmantela nuestra Independencia?
Son muchas las muestras de la negación de la realidad. En los últimos años, por ejemplo, el Gobiernos y los distintos grupos políticos se han negado a admitir el papel que desempeña la estrategia haitiana, que ha convertido la lucha contra las instituciones jurídicas dominicanas en un objetivo de su politica exterior.
Confrontados con la desarticulación de la sociedad, el mando político y los grandes grupos económicos prefieren sumergirse en una ceguera voluntaria. Nadie se preocupa de un modelo que excluye a los dominicanos más pobres; compromete el porvenir; nos condena a la impotencia.
Menester es que hagamos un ejercicio comparativo para que podamos examinar las dimensiones descomunales del desafío que afrontan los dominicanos.
Los Estados Unidos se hallan ante una inmigración ilegal de unos 12 millones de personas, algo más de 3% de la población de la nación mas poderosa del mundo, con apenas una densidad de 32 h/km2. Sin embargo, ante esas cifras sobrecogedoras, se han disparado todas las alarmas. Se construyó un muro de 1200 kilómetros de longitud, poco más de un tercio de toda la frontera con México. Se colocaron cámaras, radares, drones; una guardia equipada con visión nocturna, unidades caninas, y se endurecieron todos los sistemas legales. Nosotros, sin embargo, nos enfrentamos a una población ilegal de más de 2 millones de personas, que rebasa en muchas provincias el 12% de la población. Es como si los Estados Unidos en lugar de enfrentar a una población ilegal de 12 millones se estuviese enfrentando a 108 millones de personas, más que toda la población de Francia o España. Para la Republica Dominicana es como si toda la población de las islas Turcas y Caicos, San Vicente y Granadinas, Curazao, Aruba, Bonaire, Santa Lucia, Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago se hubiesen desplazado a nuestro país con el objetivo de apropiarse de las conquistas sociales de nuestra población. Mientras más inminente es el peligro, mas nos empeñamos en negar la realidad.