SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Consolidadores de carga protestaron este lunes frente a la Dirección General de Aduanas (DGA) en contra de las “disposiciones oficiosas y discrecionales” que están siendo impuestas por dicho organismo contra sus miembros y los miles de dominicanos que utilizan sus servicios.
El presidente y el asesor legal de consumidores de carga pidieron al director de aduanas que les reciba para buscar una solución al problema que, aseguran, les podría llevar a la quiebra.
Juan Romero, presidente de la Asociación Nacional de Consolidadores de Carga (Anodeca), declaró que la DGA, “sin la emisión de un reglamento o resolución, ha estado requiriendo a los consolidadores, también conocidos como ‘mudanceros’, una serie de medidas y obligaciones que sin previo aviso se empezaron a poner en vigor, afectando sensiblemente las operaciones de esas empresas”.
Estas medidas, indicaron, podrían hacer desaparecer los envíos “puerta a puerta” dejando a cientos de contenedores en los muelles.
Romero y el asesor legal de consolidadores de carga, Chemil Bassa, pidieron al director de aduanas que les reciba para buscar una salida al problema que de continuar les podría llevar a la quiebra según aseguran.
En este sentido, Romero dijo que desea que se reúnan las partes involucradas “para buscar una solución satisfactoria al problema” y reveló que, en ese sentido, había recibido una llamada de la subdirección operativa “para decirnos que el nos podía recibir el miércoles”
Bass, por su parte, dijo que en la DGA “deben recibirnos porque es algo que tiene que ver con el ciudadano”.
En un comunicado ayer, Andodeca solicitó al presidente, Danilo Medina, interceder entre este sector y el incumbente de la Dirección General de Aduanas (DGA), Fernando Fernández.
Lamentaron además que se dispongan medidas “sin previo aviso” y con carácter inmediato, “perjudicando” a miles de familias dominicanas cuyos productos ya se encontraban en cientos de contenedores con rumbo a República Dominicana, lo que puede derivar en un problema social de “dimensiones atroces” para la economía del país y la “quiebra” de decenas de empresas.