SOSUA, Puerto Plata.-El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) durante sus operativos en contra de la prostitución en el turístico municipio de Sosúa se hace acompañar de fiscales para garantizar los derechos de las sexo servidoras y evitar que sus agentes sean acusados de extorsionarlas y de cobrarles dinero para ponerlas en libertad.
El comandante local del Cestur, coronel Ignacio Peña Grullón, hizo la explicación sobre el empleo de miembros del Ministerio Público durante sus operativos en la referida localidad al ser entrevistado en el programa “Todo Incluido”, junto con la alcaldesa de Sosúa, Ilanna Neumann; el viceministro y el director provincial de Turismo, Julio Almonte y Lorenzo Sancassani.
“¿Por qué la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata nos acompaña durante los operativos que ejecutamos en Sosúa? Para garantizar los derechos de las mujeres que son detenidas y así evitar las quejas que daban cuenta de que algunos policías las apresaban para extorsionarlas cobrándoles dinero para ponerlas en libertad”, señaló.
Al ser cuestionado sobre la veracidad de la imputación a los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Peña Grullón respondió: “Yo no sé si era falso, la denuncia la recibimos, la verdad, nunca concreta, puesto que cuando preguntaba cuándo ocurrió esa práctica, me decían: hace dos años o hace seis meses. Pero nunca nadie me vino con un caso concreto”.
“Pero independientemente de todo, acordamos con el Ministerio Público que cada vez que realicen operativos para controlar la prostitución en la comunidad de Sosúa se asigne un representante de la sociedad y después de conseguir que nuestro pedimento se hiciera efectivo, ningún miembro del Cestur ni de la Policía Nacional, tiene potestad para poner en libertad a una trabajadora sexual, después de ser apresada, sino que tiene que presentarla a la Fiscalía”, aseguró el oficial castrense.
El coronel Ignacio Peña Grullón explicó que las sexo servidoras pueden ser detenidas por acoso a turistas, escándalos en las vías públicas, agresión a autoridad, atentados al pudor y por otros tipos de infracciones, remitidas al Ministerio Público que las depura y si no tienen ningún caso pendiente en la Justicia son puestas en libertad.