Borradura Penal

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

Las protestas en Rumanía, a comienzos de Febrero del dos mil diecisiete (2017), contra un plan político gubernamental promovido para lograr, vía una ley de amnistía, la despenalización de actos de corrupción incurridos en ese país de Europa Oriental coinciden en el tiempo con la despenalización del caso Odebrecht en la República Dominicana vía el código de raíz abolicionista penal Código Procesal Penal (CPP).

Allá, en Rumanía, hubieron y hay esas protestas; aquí igualmente las hay. Las de aquí, aunque son legítimas, lamentablemente de manera esencial vienen siendo promovidas por una organización al servicio del mal llamada «Participación Ciudadana«, la cual siempre ha sido un instrumento de un grupo político conocido (otrora dentro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y hoy dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM)), lo cual, a mi entender, no obstante los hechos denunciados ser verdaderos, le resta credibilidad a dichas protestas y las macula y vicia debido a que «Participación Ciudadana« es una organización solventada por la USAID o Agencia Internacional para el Desarrollo, que es una agencia estadounidense, y los fondos esta se los suministra vía la embajada de los Estados Unidos (EE.UU.); es decir, quienes crearon a dicha entelequia o patronímico, en sí insípida, y quienes se han sucedido al frente de la misma y los creadores de ella que  se han mantenido como titiriteros de dichos «sucesores« son agentes extranjeros punibles todos por previsión legal al efecto. Dicha «Participación Ciudadana« se ha prestado a todo lo negativo y pernicioso que se puede cometer contra un país y todo eso negativo y pernicioso lo han hecho contra su propio país: la República Dominicana. Participación Ciudadana (PC) fue la que, como instrumento fiel de la USAID, ofertó que en la República Dominicana se clonara el Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica vía el Código Procesal  Penal (CPP).

El caso Odebrecht pone sobre el tapete la necesidad continua sucesiva e impostergable de derogar y substituir el Código Procesal Penal (CPP) (paradójicamente propiciado y defendido por Participación Ciudadana), bajo cuyo amparo protector de los delincuentes se ha buscado, desde la Procuraduría General de la República, darle cobertura legal e impunidad a dicha inmoralidad.  Así mismo pone sobre el tapete el cuestionamiento a que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) siga apoyando o impulsando iniciativas legales (lo cual ha venido haciendo a través de la mal llamada «Participación Ciudadana«), pues ocurre que esa mancuerna que tiene con «Participación Ciudadana« dio lugar a que el tipo penal del soborno quedara reducido a prácticamente nada debido a que la penalidad del mismo fue encerrada dentro de las previsiones de la regulación sobre la Suspensión Condicional del Procedimiento, la cual es una institución del cuasi-abolicionista Código Procesal Penal (CPP).

Por otro lado, la puesta en escena de Eduardo Jorge Prats (y de Olivo Rodrigo Huerta y Cristóbal Rodríguez) como «asesor« (¿?) (o asesores (¿?)) de la Procuraduría General de la República respecto del caso Odebrecht revela que quien lo puso (o los puso) en escena fue el Presidente Danilo Medina Sánchez (ya a éste previamente le prestaron como pretensos «santificadores« (¿?) otros servicios que trataremos en otro artículo de naturaleza diferente a este).

Ese grupillo junto a Flavio Darío Espinal, la hermana de éste  -Rosario Espinal-, Nassef Perdomo, Margarita Cordero, Juan Bolívar Díaz Santana, Huchi Lora, y cercanos co-relacionados, etcétera, le han causado muchos daños a este país y correlativamente a esos daños la sociedad dominicana observa y comenta como todos éstos individuos han seguido prosperando, ahora bajo la sombra del gobierno danilista aunque algunos de éllos por momentos «parecieran« (¿?) estar en contra de este.

Sólo han servido para  conformar una especie de cartel de consultores que a conveniencias les presta servicios a dicho gobierno danilista colocado de espalda a los más sagrados intereses de este país, cosa que para dichos conformantes de dicho cartel no venía a ser algo extraño, pues la inmensa mayor parte del mismo se ha pasado la vida al servicio de los peores intereses; incluso, en la materia  que nos atañe, y que motoriza el presente tema, esto es, lo relativo al Código Procesal Penal (CPP), todas ésas personas junto a «Participación Ciudadana« apoyaron la propuesta del mismo desde el principio y siguen apoyando que el mismo siga vigente; no obstante dicho código haber sido incapaz mostrar resultados en la lucha contra la delincuencia: al contrario, lo que ha mostrado es ser un aliado de una amplísima utilidad tanto para la delincuencia organizada como para la delincuencia no organizada.

El daño que ese grupillo le ha ocasionado a este país ha sido tan grande que hoy, veintitrés (23) de Febrero del dos mil diecisiete (2017), en la sección «En Directo« del periódico Diario Libre aparece un escrito de Manuel Ulises Bonelly Vega, discípulo del charlatán de feria argentino Alberto Bínder, titulado «La transacción legal de la acción pública« y a través del cual artículo se puede apreciar el mal sabor que deja el cuasi abolicionismo penal o semi privatización del Derecho Penal Material o Derecho Penal Sustancial que se materializó en la República Dominicana a través del Código Procesal Penal (CPP). Exhorto a los estudiosos del Derecho Penal a leerlo para que puedan aquilatar dicho mal sabor que comienza con el título mismo del artículo de referencia (lo repito: «La transacción legal de la acción pública«).

La doctrina que sirve de sustento a dicho Código Procesal Penal (CPP) (una mezcla de Ultragarantismo y de Abolicionismo Penal) es deslegitimadora del Derecho Penal (vale decir, es deslegitimadora del delito, de la pena, de la cárcel como condena de fondo, etcétera) (y con mayor razón de la cárcel como prisión preventiva o medida cautelar en el plano procesal penal); conduciendo dicha doctrina a una des-efectivización del Derecho Penal, a una práctica derogación fáctica del Derecho Penal, a una despenalización, a una amnistía disfrazada o a un indulto disfrazado, a una `Borradura Penal`.

Gracias a ese grupillo (que es un poco más amplio de ahí, pero al momento de escribir los nombres que recuerdo son los precedentemente mencionados) por vía del Código Procesal Penal (CPP) en el país hay un cementerio de leyes penales y por ello tenemos en el mismo las manifestaciones desbordadas de todos los tipos de expresiones delincuenciales con la consiguiente Inseguridad Ciudadana… Y gracias a dicho grupillo al caso Odebrecht en la República Dominicana se le ha dado el trato que se le ha dado…