Manuel Gilbert
PUERTO PLATA.-El jurista Ángel Lockward denunció al cabo de la primera audiencia de la Demanda en Intervención Forzosa incoada por el Ayuntamiento y el Alcalde Walter Musa en contra del canadiense Pierre Lambert que en la ciudad de Puerto Plata existe un vandalismo jurídico determinado por una ignorancia inexcusable y por el ejercicio delictual de la profesión de abogado.
“Como en otras partes del país, en Puerto Plata hay abogados que se dedican a presionar solicitando información a través de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información con el propósito de chantajear a autoridades”, señaló Lockward.
Lockward hizo la denuncia luego de que el juez de la Primera Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Puerto Plata, magistrado Nassin Ovalles, enviara para el 17 de mayo, a las 11:30 de la mañana, el conocimiento de la Demanda en Intervención Forzosa interpuesta por el Alcalde Walter Musa en contra del canadiense Pierre Lambert.
El jurista ha citado para que se hagan representar en la audiencia a celebrarse en la fecha citada al Procurador Fiscal de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, al colector local de la Dirección General de Impuestos Internos, a la Embajada de Canadá en el país y al Presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), doctor Surún Hernández.
Cabe destacar que Musa ha iniciado la Demanda en Intervención Forzosa por el hecho de que mediante el Acto No. 775-18 de fecha 27 de abril del año 2018 del Ministerial Ramón Alberto Rosa Martínez, el señor Pierre Lambert, ha notificado un proceso en contra del Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata y de su titular, licenciado Walter Musa.
Conforme a la Instancia depositada en el Tribunal de Primera Instancia, Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial, dicha acción tiene como motivo que, el señor Lambert, quien dice haber apoderado a la Jurisdicción Penal, en ocasión de “depósitos financieros hechos en AL DIA SRL”, sociedad con la cual el Ayuntamiento no tiene ninguna relación.
El hombre de leyes indicó que siendo de conocimiento público que existe un proceso judicial abierto a los ejecutivos de la indicada entidad a cargo de la Fiscalía, que incluye el delito de lavado de activos, delito que requiere de “un sujeto” que lava los capitales y de otro que “utiliza” sus servicios aportando dinero no declarado.
Destaca que la parte accionante, de hecho, admite ser cómplice del delito de lavado desde el momento en que eventualmente los supuestos capitales invertidos no hayan sido declarados a las autoridades, en particular, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGIII).
En su instancia al Tribunal por ante el cual introdujo la Demanda en Intervención Forzosa, el jurista Ángel Lockward dice que se hace necesario que la Fiscalía del Distrito Judicial de Puerto Plata, informe, en ocasión de la indicada Acción, el monto de los capitales supuestamente depositados, que no figura en las glosas procesales, como prueba, ni en la instancia.
Lockward asevera que desde el momento en que no se haya declarado la procedencia del capital invertido, ni se haya tributado por los intereses percibidos se está ante una OMISION FISCAL preconstitutiva del Delito de Lavado de Activos conforme dispone la Ley 155-17 y su Reglamento.
El profesional de la toga y el birrete explicó que hay un caso particular mediante el cual se ha intentado manejar el ayuntamiento local de esa manera, en el que están detrás abogados que ni siquiera tienen vigentes sus carnets.
Señaló que ningún abogado que no tenga vigente su carnet para ejercer su profesión puede subir a estrados, porque se lo prohíbe de manera taxativa la Ley que creó el Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD).
Estableció que el abogado que no está al día por falta de pago o por tener una sanción, como hay muchos abogados de Puerto Plata que han sido sancionado por el CARD por cuestiones disciplinarias, no puede presentarse ante un juez a ejercer.