Manuel Gilbert
PUERTO PLATA.-El abogado Pedro Balbuena, ex juez presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, defendió las recientes designaciones de nuevos miembros del Ministerio Público, ya que es un proceso que tenía que darse porque lo ordena el ordenamiento legal.
“Yo creo que lo que tiene que ver con las recientes designaciones de nuevos miembros del Ministerio Público era un proceso que tenía que darse, porque era una promesa de la Ley de Carrera Judicial, por medio de la cual se implantó un sistema que creara estabilidad para los miembros del Ministerio Público y que escalaran a posiciones según su rendimiento y la evaluaciones que se hicieran”, remarcó.
Señaló que, de alguna manera, los nuevos nombramientos constituyen la culminación del mandato de la ley que ahora se concreta en la realidad instalando en las diversas instancias del Ministerio Público a personas que han desarrollado una carrera y que merecen, por tanto, tener la oportunidad de optar y desempeñar posiciones más importantes.
Atribuyó las quejas y cuestionamiento que se han venido haciendo en torno a este tema al hecho de que “en proceso de designaciones hay que gente conformes y gente inconformes y el hecho de que hayan disonancias e inconformidades en torno a los nombramientos es natural, porque nadie quiere irse de los cargos. La gente llega a los cargos y se creen que es para siempre.
“A los cargos uno va a servir, le toca agotar un tiempo y hay que seguir la vida. Yo creo que el trayecto al que hemos llegado teniendo una carrera del Ministerio Público, con nuevos fiscales de carrera es aragüeño” , manifestó el jurista puertoplateño al ser entrevistado en el programa “Todo Incluido” que se difunde de lunes a viernes de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche por Musa Visión, canal 10.
Balbuena agregó que es importante reconocer, pues, lo necesario que es para la institucionalización de la figura de la institución del Ministerio Público y, a la postre, para el país, en lo que tiene que ver con la instalación y el desarrollo de una política criminal, cada vez más profesionalizada, con funcionarios que puedan representarnos y llevar a cabo la persecución penal en las condiciones que la ley establece.