Antes del plazo dado por el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, este martes cerca de mil 500 funcionarios públicos han pasado a depositar su declaración jurada de bienes, proceso que ha permitido conocer los hombres y mujeres más ricos del actual Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El presidente de la República, Luis Abinader declaró que posee bienes ascendentes a 4 mil 177 millones con 25 mil 211 pesos, lo que hasta el momento lo hace el más rico entre los funcionarios.
El jefe de Estado autorizó que durante su ejercicio gubernamental todo su patrimonio sea transferido y controlado por un Fideicomiso. Su patrimonio incluye la sucesión de los bienes de su padre, José Rafael Abinader, fallecido el año pasado.
La familia Abinader es propietaria de una cementera, empresas turísticas, una universidad, centros de enseñanza preuniversitaria y especializada, entre otros tipos de negocios, y posee inversiones en Panamá e Islas Vírgenes.
En viviendas, el mandatario declaró poseer un apartamento de RD$35.400.000.00, una casa de US$1,339,410.00 y otro apartamento de RD$600.000.00.
Mientras que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, reportó un patrimonio ascendente a más de RD$434.4 millones y posee más US$5.8 millones (RD$339,068,000.00), lo que suma 773.4 millones de pesos.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, realizó su declaración jurada de bienes, según la cual sus propiedades inmuebles, muebles y capital invertido en pesos y dólares suman 501 millones de pesos.
De su lado, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, reportó ante la Cámara de Cuentas bienes por 398 millones 616 mil 947 pesos, que en su mayoría son de bienes muebles e inmuebles, de cuentas de ahorro y certificados de inversión en distintas entidades bancarias.
La directora de comunicaciones y vocera de la Presidencia, Milagros Germán, declaró bienes por aproximadamente 186 millones de pesos.
El senador por la provincia Monseñor Nouel, declaró bienes por al menos 85 millones y el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez reportó ante la Cámara de Cuentas 70.5 millones de pesos, cuyo dinero, en su mayoría, proviene de bienes muebles e inmuebles, mientras que otra parte proviene de la agropecuaria.
El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, reveló que su declaración jurada de bienes detalla que tiene un patrimonio ascendente a los 54 millones de pesos y el ministro de Turismo, David Collado, declaró bienes valorados en 40.6 millones de pesos en bienes muebles, inmuebles, acciones, ahorros en cuentas de bancos y otros.
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reportó ante la Cámara de Cuentas un patrimonio de unos 22 millones 735 mil 261.1 millones de pesos cuyo dinero, en su mayoría, son de bienes muebles e inmuebles. El funcionario percibirá RD$300,000 mensuales como salario bruto.
La procuradora general, Miriam Germán Brito, realizó su declaración de bienes, cuyos documentos citan que posee una fortuna de RD$6,612,597, que incluye cuentas de ahorros, tres vehículos y obras de arte.
Prórroga
El pleno de la Cámara de Cuentas decidió este martes extender el proceso hasta el 28 de septiembre, debido a los inconvenientes presentados en la plataforma web de ese órgano y a las incidencias del COVID-19.
Sanciones
El funcionario que no declare a tiempo su patrimonio ante la Cámara Cuentas u omita hacerlo, corre el riesgo de ser destituido de la posición que ocupa.
De acuerdo con la Ley 311-14, el servidor público que no presente declaración jurada de los bienes incurrirá en faltas graves o de tercer grado previstas en la Ley 41-08 de Función Pública.
Dicha legislación establece que las faltas de tercer grado de un funcionario conllevan a su destitución y quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado por cinco años, contados a partir de la fecha de notificación del despido, entre otras sanciones.
Sanciones por no declarar y prórroga
El funcionario que no declare a tiempo su patrimonio ante la Cámara Cuentas, u omita hacerlo, corre el riesgo de ser destituido de la posición que ocupa.
De acuerdo con la Ley 311-14, el servidor público que no presentación jurada de los bienes incurrirá en faltas graves o de tercer grado previstas en la Ley 41-08 de Función Pública.
Dicha legislación establece que las faltas de tercer grado de un funcionario conllevan a su destitución y quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado por cinco años, contados a partir de la fecha de notificación del despido.
Otra sanción, pero en este caso por el falseamiento de datos en la declaración jurada, conlleva de uno a dos años de prisión y una multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno central, según la Ley 311-14.
El artículo 16 indica que cualquier funcionario, obligado por la ley, tiene que probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.
En caso de no poder probarlo, precisa el párrafo del artículo, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados.
El pleno de la Cámara de Cuentas decidió este martes extender el proceso hasta el 28 de septiembre, debido a los inconvenientes presentados en la plataforma web de ese órgano y a las incidencias del COVID-19.