Por Lic. Gregory Castellanos Ruano
El Nuevo Diario Digital en fecha veintinueve (29) de Junio del dos mil veintiuno (2021) publicó la siguiente noticia: «MP acusa a Jean Alain de Estafa contra el Estado, soborno y robo de identidad.«
Después de dicho titular aparece el cuerpo o contenido de la noticia en cuestión de la siguiente manera:
«Toga. EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El Ministerio Público (MP) acusó este Martes al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónico y lavado de activos. Junto al exprocurador, indica un comunicado de prensa que también están siendo acusados de los mismos cargos Miguel José de Moya asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain, Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del departamento de contabilidad de la Procuraduría, Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución. También son imputados de corrupción, lavado de activos y otros delitos, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, entre otras personas, precisó el escrito. En el caso de Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José de Moya, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza Ibarra fueron arrestados y trasladados en la madrugada de este martes a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.«
Según las informaciones que han trascendido a través de todos los medios de comunicación televisivos, radiales, digitales y escritos después de El Nuevo Diario publicar esta noticia, la cantidad de la Estafa en perjuicio del Estado dominicano que se le imputa al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, asciende a la cantidad de treinta y cuatro millones de pesos dominicanos (RD$34,000.000.00), la cual cantidad habría sido obtenida a través del montaje de unos supuestos cursos o talleres patrocinados por la Procuraduría General de la República que supuestamente nunca fueron impartidos.
Si esa Estafa contra el Estado dominicano por esa cantidad de treinta y cuatro millones de pesos dominicanos (RD$34,000.000.00) ha movido al Ministerio Público a poner en movimiento la Acción Pública lo que causa extrañeza es que ese Ministerio Público nada haya hecho frente a las denuncias de corrupción existentes en el PEPCA contra el presidente del colegio de abogados Miguel Alberto Surún Hernández, el cual ha manejado ahí centenares de millones de pesos respecto de los cuales se niega a ser objeto de una auditoría por la Cámara de Cuentas, lo cual, por sí sólo, tipifica el delito de negativa a dejarse auditar previsto y sancionado por la Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas, habiendo, además, trascendido que el señor Miguel Alberto Surún Hernández compró cinco (5) terrenos en Higuey , Provincia La Altagracia, por la sorprendente cantidad de ciento dieciséis millones de pesos dominicanos (RD$116,000.000.00), sin que se sepa de dónde sacó el señor Miguel Alberto Surún Hernández esos ciento dieciséis millones de pesos dominicanos (RD$116,000.000.00) para lograr adquirir esos terrenos que compró en dicha provincia del Este de la República Dominicana; es decir, que mientras a Jean Alain Rodríguez se le persigue por treinta y cuatro millones de pesos dominicanos (RD$34,000.000.00) a Miguel Alberto Surún Hernández esta es la hora que no ha sido citado por el Ministerio Público para fines de ser interrogado e investigado sobre esa operación de compra de terrenos que efectuó en Higuey, Provincia de La Altagracia y sobre cómo se proyecta esa sorprendente compra en el ámbito jurídico de nuestra legislación vigente, esto es, a cuántas calificaciones previstas por la ley implica dicha compra.
Mientras los abogados dominicanos carecen de seguridad social, de cooperativa, de centros de recreación, etcétera, al colegio de abogados ingresan cientos de millones de pesos por concepto del pago de un impuesto que tienen que pagar todos los ciudadanos dominicanos que tienen que acudir a la Justicia a reclamar sus derechos. Si ésos ciudadanos dominicanos no pagan ese impuesto dichos ciudadanos dominicanos no pueden reclamar sus derechos en Justicia; y, sin embargo, ni ésos ciudadanos dominicanos ni los abogados dominicanos saben en qué se han invertido los cientos de millones de pesos que ha manejado el Dr. Miguel Alberto Surún Hernández en el colegio de abogados porque él se niega rotundamente a ser auditado al respecto (él, pues, «está por encima de la Constitución y de la ley«).
No se entiende cómo se le presta atención a un caso de treinta y cuatro millones de pesos dominicanos (RD$34,000.000.00) (el de Jean Alain Rodríguez) y, sin embargo, no se le presta atención a un caso de ciento dieciséis millones de pesos dominicanos (RD$116,000.000.00) (el de Miguel Alberto Surún Hernández). El asunto, pues, luce fuera de toda proporcionalidad y, por ende, fuera de toda lógica.
Por Lic. Gregory Castellanos Ruano