Por Lic. Gregory Castellanos Ruano
Que jurídicamente se haya bautizado al actual Estado dominicano como un Estado Social y Democrático de Derecho no significa que eso ha transformado, ennobleciéndolas, a personas en funciones que tienen que ver con administrar Justicia y, por esto, en condiciones de causar daños.
Una cosa es que se haya creado dicho estatus de Estado Social y Democrático de Derecho y otra cosa es que hayan personas con perversidad colocadas en esas posiciones. Por más «Social y Democrático de Derecho« que sea el Estado es precisamente dentro de posiciones de ese Estado que se cuelan personas caracterizadas por la perversidad, perversidad esta que puede tener los más diversos de los orígenes repudiables.
Así, pues, tenemos supuestamente un Estado Social y Democrático de Derecho en enorme medida para nada, pues en el mismo hay actores que fabrican expedientes falsos para encubrir su propia corrupción.
Lo hace uno que preside un órgano de Derecho Público Interno que tiene montado un negocio en el mismo para vender acusaciones y sentencias disciplinarias y para perseguir, como encarnador fiel de una dictadura (pues eso y no otra cosa es lo que hay instalado ahí), a todo aquél que lo haya enfrentado en el pasado o que lo enfrente en el presente o que lleve casos contra clientes suyos o que hayan sido clientes suyos.
La degradación en tal sentido es tan profunda que cualquier sentencia disciplinaria que salga de ahí carece tanto de credibilidad que lo que se hace con las víctimas de dichas persecuciones espúrias es resaltarlas como claras personas serias a las que dicho personaje cree inútilmente que puede sumergirlas en el lodo en que él vive sumergido.
Lo hizo un anterior Presidente de la Suprema Corte de Justicia, para proteger a un juez corrupto que era la mano derecha de él y de sus hijos. Para tal fin dicho personaje era el amo y señor de la Inspectoría o cuerpo de inspectores del Consejo del Poder Judicial donde llegó a colocar incluso a un cuñado suyo y después que éste salió de allí siguió controlando dicha Inspectoría con otro personaje del mismo incorrecto calibre moral que él.
Dichos hijos (tras el padre simular haber cerrado su oficina al ser nombrado), a la semana abrieron exactamente en la misma oficina, en el mismo local, en el mismo edificio, en la misma dirección, lo que los abogados del Distrito Nacional denominaron `La Pseudooficina`. La prole en cuestión, desde un famoso restaurant de Santo Domingo, Distrito Nacional, al socaire del consumo de langostas y otros tantos platos de alta gama, lo mismo que de bebidas espirituosas de altísimo valor pecuniario, desde la mesa que ocupaba junto a sus interesados inductores, efectuaba llamadas telefónicas a aquella mano derecha para solucionar casos en el sentido en que a dicha prole le interesaba que los mismos fuesen «resueltos« porque en ese sentido era que sus interesados inductores querían que se «solucionaran«.
Jayme Bayly dio a conocer en uno de sus programas que la Drug Enforcement Agency (DEA) tiene una investigación abierta sobre ése personaje por éste por servirle de testaferro a figuras de La Narcodictadura venezolana de Nicolás Maduro Moro. El testaferrato en cuestión operó allí creyendo su encarnador que eso no sería nunca conocido.
Según ha trascendido, el perfil bajo de dicho personaje se debe precisamente a que por dicha investigación ha venido simulando estar padeciendo de supuestos trastornos disociativos de la memoria para evitar que la solicitud de extradición en su contra se produzca. Las simulaciones de conversaciones telefónicas de los hijos preguntando por la salud de su padre no son pocas. Hay todo un libreto para sostener la apariencia en cuestión.
En fin, la fabricación de dichos expedientes falsos se hacía y se hace con el propósito de coercionar para tratar de doblegar y de obligar, forzar, a abogados y a partes que representan intereses contrarios para hacer prevalecer los intereses espúrios de dichos fabricantes de expedientes propietarios, en momentos específicos, de literalmente guillotinas portátiles personales.
Que situaciones como esas se materialicen en la República Dominicana constituye un serio cuestionamiento al supuesto Estado Social y Democrático de Derecho que nos gastamos, pues ellas reflejan que hay instituciones al servicio espúrio de intereses creados de la peor laya. Es decir, que en el supuesto Estado Social y Democrático de Derecho que nos gastamos han existido propietarios, en momentos específicos, de literalmente guillotinas portátiles personales, lo cual desdice de un real Estado Social y Democrático de Derecho y de quienes dicen ser «garantes« de derechos fundamentales y del Debido Proceso.