Manuel Gilbert
PUERTO PLATA.- Tal como habíamos prometido en un trabajo anterior, titulado “Problemas que las autoridades deben acometer y resolver”, en esta crónica abordaremos las problemáticas que deben ser encaradas, que contribuyeron a que el turismo de cruceros, después 20 años aportando fuentes de trabajo y riquezas, se alejara de Puerto Plata durante 25 años.
El rosario de las nuevas problemáticas que abordaremos incluye la inseguridad, el caos en el tránsito, el asedio a turistas por guías no autorizados, buhoneros y niños pedigüeños, las comisiones altas que dan las tiendas de regalos, restaurantes y otros negocios a chóferes de taxis, autobuses y microbuses, la venta de artículos falsificados y el sobreprecio deben ser enfrentados por las autoridades.
Por igual, deben ser evitados los enfrentamientos entre touroperadores y taxistas haciendo respetar las normativas que vigentes que regulan ambos sectores para evitar enfrentamientos y bloqueos de la salida de la terminal de cruceros de Maimón, que tanto incidieron en el retiro de las compañías cruceritas que operaron en los muelles de la bahía de Puerto Plata del 1970 al 1990.
Como se sabe, el funcionamiento fallido del tránsito urbano en la ciudad de Puerto Plata, el cual ha sido el principal talón de Aquiles de la exitosa gestión de sus autoridades municipales puede provocar accidentes que afecten cruceritas, se debe eliminar las paradas del Centro Histórico y restringir la circulación de motores y passolas en ese espacio durante la estadía de los cruceritas.
Aunque esto resulte doloroso y difícil de asimilar es necesario que se prohíba el movimiento de esos dos tipos de vehículos para evitar que los cruceritas sean atracados por delincuentes que utilizan ese medio de locomoción para cometer sus actos delictivos, los cuales pueden, a fuerza de repetirse, provocar el retiro de la Carnival, la más importante empresa de cruceros del mundo.
De la misma forma, se debe evitar a toda costa el asedio a los cruceritas por parte de los llamados “guías a pies” sin autorización de Turismo, de los vendedores ambulantes y de niños mendigos, los cuales representan una molestias peor que un incordio o un golondrino debajo de las axilas de los turistas, lo que también afectaría la buena imagen del destino.
Hay que evitar la guerra de precios y de altas comisiones de los dueños de tiendas regalos, restaurantes y otros establecimientos comerciales para que los chóferes de autobuses, microbuses, taxistas, guías les lleven los turistas a sus negocios, práctica pecaminosa que provoca que eleven los precios de manera abusiva e intolerable, provocando la insatisfacción de los cruceritas.
Tampoco se puede permitir a los dueños de tiendas que vendan a los visitantes que vendrán a la Novia del Atlántico por la terminal de Maimón artículos falsificados o hechos en otros países, colocándoles un sellos que digan que fueron fabricados o manufacturados en la República Dominicana, lo que constituye un timo grosero y descarado a los cruceritas.
Hay que yugular sin demoras los desacuerdos entre touroperadores y taxistas que puedan generar conflictos que desemboquen en bloqueos de la salida de los cruceritas de la terminal Amber Cove o de carreteras para que los excursionistas que nos visiten en los cruceros que toquen la terminal marítima de Maimón puedan llegar a los lugares de excursiones.
Para contar con un instrumento legal para castigar dichas prácticas nocivas al interés nacional, en sentido general y de Puerto Plata, en particular, hay que buscar que el Congreso Nacional apruebe de urgencia para preservar el turismo de crucero y también el aéreo una ley que incorpore al Código Penal Dominicano penas que castiguen las prácticas mencionadas con prisión o multas o ambas penas a la vez.
No deben olvidar el principio que dice: “Sine pena, sine leyes”, por lo que es forzoso contar con una norma legal para evitar que aquellos ciudadanos que sean apresados por los agentes que estarán preservando la seguridad de los cruceritas incurriendo en cualquiera de las prácticas consignadas precedentemente no tengan que ser puestos en libertad de inmediato por la Fiscalía o un juez que conozca los casos que le sometan.