A través de un comunicado de prensa la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata manifiesta su preocupación y rotundo rechazo ante la opinión pública por el consecuente uso discrecional del poder que exhiben algunos funcionarios públicos, que con acciones que fomentan el clientelismo han contribuido al debilitamiento de las entidades del Estado y han afectado las iniciativas de reactivación económica y de desarrollo social que los sectores públicos y privados han venido trabajando en esta provincia.
El documento de prensa precisa que este debilitamiento ha quedado evidenciado en los argumentos esgrimidos por el funcionario público y dirigente político que protagonizó un escándalo con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) con asiento en la Provincia de Puerto Plata, lo que provocó la repentina remoción de la dotación completa de la AMET, con la que se había adelantado todo el trabajo para la reorganización del tránsito en esta provincia, como parte de los esfuerzos que la sociedad Puertoplateña en su conjunto ha venido realizando para alcanzar el tan anhelado y luchado reposicionamiento como polo turístico de primer orden.
A continuación el comunicado íntegro:
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL
La Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, entidad que a través del Proyecto “Puerto Plata Ciudad Crucerista” ha estado trabajando unida a otras instancias públicas y privadas para crear el Destino Turístico que podemos ser, expresamos ante la opinión pública nacional nuestra profunda preocupación por las acciones y decisiones de algunas personas que actúan de espaldas a los ingentes esfuerzos que viene realizando la sociedad Puertoplateña en su conjunto para alcanzar el tan anhelado y luchado reposicionamiento como polo turístico de primer orden, y con ello el reencuentro con su reactivación económica y desarrollo social.
Es penoso tener que ocuparse de notas discordantes como la que durante estos días ha reclamado la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales, ocurridas en un lugar donde los principales órganos del Estado Dominicano y las organizaciones representativas del sector empresarial han estado trabajando de manera conjunta para lograr el re-inicio de la Industria de Cruceros, y con ello el repunte definitivo del turismo y la economía de la Provincia. Sostenemos que es una nota discordante porque la conducta que está siendo evaluada hasta llegar al morbo no es atribuible a todos nuestros políticos ni a todos nuestros funcionarios públicos.
Ahora bien, cuando la Clase Política de un territorio permite o fomenta el clientelismo en su forma de operar, al mismo tiempo da paso a un grave debilitamiento de las instituciones públicas, con el consecuente uso discrecional del poder así logrado para distribuir y obtener favores al margen de la ley. Este debilitamiento ha quedado evidenciado en los argumentos esgrimidos por el funcionario público y dirigente político que protagonizó un escándalo con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) con asiento en la Provincia de Puerto Plata. El referido escandalo provocó la repentina remoción de la dotación completa de la AMET, con la que se había adelantado todo el trabajo para la reorganización del tránsito en Puerto Plata, pero no provocó la remoción de su cargo en el Estado ni de su cargo en su organización política del dirigente del partido de gobierno.
Este es un momento de asumir compromisos sociales, entre los que destacamos el sometimiento a las disposiciones legales que reglamentan el tránsito vehicular. En tal sentido, llamamos a la reflexión a cada ciudadano, y de manera especial a aquellos que se consideran con mayores derechos que el resto de la sociedad. Todo aquel que no respeta ni guarda la debida consideración a las instituciones creadas por el grupo social al que pertenece es indigno de respeto y consideración.
Hacemos el mismo llamado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), para que en el ejercicio de sus funciones no excedan el alcance de la Ley y que su conducta sea cónsona con la de un auxiliar de la justicia, sin pretender hacerse cargo de la parte que le corresponde a los Tribunales de la República.