Manuel Gilbert
PUERTO PLATA.-El Poder Ejecutivo declaró de utilidad pública y de interés social mediante el decreto número 269-16 un área 291,816.60 metros cuadrados, ubicados en la Parcela número 224, del Distrito Catastral número 12, los cuales serán destinados a la construcción de un relleno sanitario en la comunidad de Maggiolo.
Los terrenos objeto de la expropiación están amparados en la Constancia Anotada en el Certificado de Título número 27 de fecha 18 de julio del 2000, inscrita en el libro número 83, Folio 124 del Registro de Títulos de Puerto Plata, la cual es propiedad del señor Jaime Manuel Camps Cocco.
Sin embargo, el diferendo surgido entre las dos partes en cuanto al precio que demanda el señor Camps Cocco, que es de RD$750.00 el metro cuadrado y el que oferta el Estado dominicano, partiendo del avalúo hecho por la Dirección Nacional de Avalúo, que ofrece pagar RD$80.00 pesos por metro cuadrado, ha impedido que se materialice un acuerdo.
Ante la imposibilidad de conciliación de precios, el dueño de los terrenos ha optado por aceptar la recomendación que le ha hecho su abogado, doctor Carlos Balbuena, de poner el caso en manos del citado tribunal para que el Estado reconozca y garantice su derecho de propiedad, garantizando su derecho de goce, disfrute y disposición de el bien envuelto en el presente caso.
No obstante el doctor Balbuena haber anunciado por los medios de comunicación que han llevado el caso al Tribunal Contencioso Administrativo, el presidente Danilo Medina ha ordenado mediante el decreto 269-16, que Bienes Nacional entre en posesión, a pesar de que el tribunal apoderado del caso no ha emitido un fallo ordenando el pago del un justo precio del inmueble envuelto en la litis.
Otra opción que tiene abierta el Estado dominicano para pasar a controlar los terrenos declarados de utilidad pública para la construcción del tan necesario relleno sanitario para sustituir el vertedero a cielo abierto de Maggiolo, es lo que ordena el numeral 1 del artículo 51 de la Constitución de la República.
En el referido apartado la Carta Magna consigna que aunque “ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa.
Como Puerto Plata y otras 14 provincias del país fueron declarados en Estado de Emergencia a raíz de las lluvias y las inundaciones ocurridas a final del año pasado, el Estado puede pasar a controlar y a utilizar los 291,816.60 metros cuadrados que se destinarán a construir el relleno sanitario y pagar el justo precio que fije el tribunal en su momento.
Esto permitirá que se pueda comenzar la construcción del relleno sanitario demandado por toda la sociedad puertoplateña, con sus autoridades, sus instituciones turísticas entre las cuales ha cumplido un rol importante la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), filial Puerto Plata.
Mediante la aplicación de cualquiera de las dos alternativas legales mencionadas, o mediante cualquier otro mecanismo al que se pueda apelar, ese problema debe ser resuelto sin más demoras, porque su permanencia le causa un enorme daño a la imagen del destino turístico Puerto Plata, especialmente al espacio comprendido entre Cofresí y Maimón, lo cual no se puede seguir permitiendo.
Desgraciadamente, el vertedero a cielo abierto está situado en un espacio neurálgico para el turismo, ya que en el área castigada por dicho flagelo, están, nada más y nada menos, que el grandioso complejo turístico Lifestyle Holidays Vacation Resort, que representa la mejor opción de nuestra hotelería, los hoteles Riú y la terminal de crucero Amber Cove de Maimón, los mejores activos turísticos con que cuenta Puerto Plata y hay que protegerlos, como si fuesen la joya de la Corona.
No más demoras, no más dilación, no más subterfugios, no más cuentos ni mentiras piadosas; reclamamos de modo imperativo a las autoridades que enfrenten con decisión y resuelvan este problema, que constituye no solo un atentado intolerable contra el crecimiento y la recuperación del turismo, sino también contra el futuro económico de la provincia, ya que ni la industria de la hospitalidad y el ocio, ni la basura, pueden coexistir en ninguna parte, ya que son incompatibles.