Jesús Batista Suriel
República Dominicana es un país especial, tenemos teóricos en cada esquina; donde una sola persona te habla de política, medicina, tecnología, te cura la próstata, es analista económico, teoriza sobre física nuclear, química, biología, pelota… y el mismo tipo que te cura el pecho apretado, te habla de los agujeros negros y la relatividad, que ni Albert Einstein le gana. Todo eso está bien, pero, sí es preocupante ver como actúan los que están llamados a dar respuestas a la seguridad pública, y peor aún, soportar un espectáculo tan penoso de legisladores salcochando la ley de reforma policial, donde los actores principales, los policías, no son tomados en cuenta.
El Centro de Control del Crimen en Tiempo Real. ¿Existe? ¿Dónde está? El crimen es local, con menos centralización desde el Ejecutivo a las autoridades provinciales y municipales, tendremos más control. Fiscalizar el territorio es vital, tanto de quienes viven dentro del mismo, como visitantes e intrusos; eso ayudará inclusive a capturar fugitivos. No es inteligente querer controlar lo que pasa en Dajabón con una orden del jefe policial de la capital, quienes mejor pueden dar repuestas son las autoridades locales. Si damos mayor participación a las autoridades provinciales, en trabajos coordinados con la policía nacional, tendríamos efectos positivos.
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía. El gobierno, por un lado, negando que la criminalidad se ha convertido en una epidemia, y ponen en marcha las mismas viejas propuestas inútiles, tirando cientos de policías y guardias a las calles; por el otro, los que dicen que el problema de la delincuencia se debe a los jueces complacientes. Algunos piden más cárceles y leyes más duras; otros reclaman derechos humanos. Y políticos, en su gran mayoría, asumen posiciones irresponsables. los diputados aprobaron al vapor la ley de reforma policial sin ningún incentivo para los policías.
Cualquier programa establecido exclusivamente en el uso de la fuerza será inútil, costoso, mal enfocado. Si bien es cierto que el gobierno es quien está llamado por ley a trazar una política pública encaminada en combatir y enfrentar la criminalidad, deben ser medidas acordes a nuestros tiempos, destinadas a integrar a los ciudadanos y autoridades, y entre todos buscarle soluciones inteligentes a esta pandemia que nos castiga. Cuando se acude al uso de la fuerza contra los delincuentes, es por la falta de control y supervisión de quienes están llamados a aplicarla.
Con inquietud me pregunto ¿Cuántos delincuentes tienen que ser encerrados para tener una República Dominicana más segura? No lo sé, las cárceles están sobrepobladas de delincuentes, y aún así, la inseguridad es cada vez mayor, sigue expandiéndose como una plaga incontrolable. Los congresistas que aspiran a una ley de control de armas, que solo se aplicará a los ciudadanos honestos, deben saber que los malhechores no se preocupan, ni les importan los permisos de armas. Tienen los medios para conseguirlas, comprándolas a otros delincuentes, atracando o trayéndola por nuestras endebles y abandonadas fronteras sin controles.