Por Juan T H
Las evidencias del fraude electoral no pueden ser negadas por más que la Junta Central Electoral y las bocinas del gobierno que ya no solo incluye a periodistas y comunicadores, sino a economistas y abogados, todos bien pagados con recursos públicos, quieran hacerlo. Para muestra, algunos botones.
1.- Mayor concurrencia que votos emitidos.
2.- Diferencias sustanciales entre actas manuales y actas electrónicas.
3.- Diferencias en las cantidades de votantes entre los niveles de votación en las boletas A, B y C de un mismo colegio.
4.- Actas con más votos emitidos que inscritos en el colegio.
5.- Excesivo número de concurrentes no perteneciente a un determinado colegio electoral.
6.- Trasiego de votos del PRM al PAL (Partido Acción Liberal) y al PSOVE (Partido Socialista Verde).
7.- Suplantación de actas.
8.- Desaparición de boletas correspondientes a la oposición.
9.- Doble votación.
10.- Boletines que suman más del 100 por ciento.
11.- Desaparición de colegios electorales.
12.- Compra masiva de cédulas de manera pública.
13.- Actuación parcializada y comprometedora de la Policía Electoral.
14.- El uso de los recursos del Estado durante todo el proceso electoral.
15.- Falta de transparencia y equidad.
16.- Falta de un arbitraje independiente
17.- Cumplimiento de la ley de la JCE, violada constantemente por su presidente Roberto Rosario, que actuó abiertamente de manera parcializada abiertamente.
18.- El chantaje, represión y persecución del 24 por ciento del padrón electoral que dependen del gobierno a través de las políticas existencialista del Estado.
19.- Centro de acopio de boletas marcadas y selladas ubicado en el Palacio Nacional.
Esas, y muchas otras pruebas, no pueden ser ocultadas, ni mucho menos ignoradas por nadie que sienta algún respecto por sí mismo y por sus conciudadanos. Lo que ocurrió el pasado 15 de mayo fue un “fraude colosal”, “monstruoso”, “vulgar”. Un “atraco”, un “matadero electoral”. Estas fueron, sin dudas, las elecciones más fraudulentas y sucias de toda la historia del país.
En su libro “Raíces de un poder usurpado” (Radiografía del proceso electoral dominicano de 1990) Leonel Fernández hace un recuento de los fraudes realizados por Joaquín Balaguer, sobre todo contra su líder Juan Bosch. Ahora Leonel, desmintiéndose y desdoblándose como en otras ocasiones, aplaude el fraude de éste 2016, que supera el del 2012 cuando, en su condición de presidente de la República dijo tener 40 mil millones de pesos, 90 millones de raciones de alimentos y el petróleo de Venezuela para imponer a Danilo Medina, que ha resultado ser “más malo que el gas morado”.
“El PLD no puede aceptar que le roen las elecciones; no a él, sino al pueblo”, escribió Leonel en 1990. Lo mismo digo hoy, 26 años después: El PRM y los demás partidos de oposición no pueden aceptar que le roben las elecciones otra vez.
“Sabemos –escribió Leonel- que un país gobernado en base a resultados electorales fraudulentos, es un país donde no hay garantía para nadie, ni siquiera para los que hacen el fraude”.
No puede haber legitimidad ni paz social en un país donde el gobierno es fruto de la ilegalidad, la corrupción y el fraude electoral. El nuevo gobierno que iniciará Danilo Medina a partir del 15 de agosto será inconstitucional. Es decir, ilegitimo. Y como ilegitimo debe tratarlo la oposición si quiere sobrevivir durante los próximos cuatro años.