PUERTO PLATA.- La Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, sentenció a diez días de prisión, al pago de cinco mil pesos de multa y a una indemnización de RD$50,000 a un supuesto “arquitecto” por violación a la ley 6200 que norma el ejercicio profesional de los ingenieros, arquitectos y agrimensores en el país.
Cornelio Santiago de los Santos Martínez, fue encontrado culpable infringir los artículos 20, 23 y 24, letras a, b y c de la referida legislación que castiga a quienes ejercen la profesión de ingenieros, arquitectos y agrimensores sin estar autorizados, tipifica la usurpación de títulos, y que impone prisión o multas o ambas penas a la vez, por ejercicio ilegal de las citadas carreras.
En su fallo, el magistrado juez, doctor José Antonio Núñez, encontró culpable al acusado, quien deberá cumplir la sentencia en el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación San Felipe.
La indemnización deberá pagarla al Colegio Dominicano de Ingeniero, Arquitectos y Agrimensores (Codia) a título resarcitorio por el daño moral sufrido por la entidad, a la vez que fue condenado al pago de las costas civiles a favor del abogado que representó en el juicio al gremio que agrupa a los profesionales de la construcción y afines.
Los acápites de la ley 6200 violados por Santos Martínez, señalan que ejercen ilegalmente las profesiones de que trata la ley, “las personas que sin poseer título respectivo se ocupen en realizar actos o presten servicios públicos o privados que la presente legislación reserva a los profesionales que norma su ejercicio”.
Asimismo, los artículos 23 y 24 en sus letras b” precisan que las penas son aplicables a la persona, titulares o no, que incurran en el ejercicio ilegal y multas de cien a mil pesos o prisión correccional de diez días a tres meses o ambas penas a la vez.
Conforme al expediente elaborado y depositado en el Tribunal de primera instancia de Puerto Plata en contra del imputado, este fue sometido a la justicia por el ciudadano Ruso Timur Arslanov, quien lo acusó por estafa haciéndose pasar falsamente como “arquitecto” y suscribiendo un contrato de construcción de obra en el que se comprometió a edificar un condominio de dieciocho apartamentos en Costa Ambar, por un costo de 430 mil dólares, habiendo recibido 389,500 e incumpliendo el convenio entregando la obra incompleta.
Tras verificar en los archivos del Codia que Santos Martínez no figura como colegiado, el gremio a través del doctor Manuel Carlos Ramírez Obispo, subconsultor jurídico de la organización, procedió a someterlo a la justicia por usurpación de título y por violación a la ley 6200