El juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, ordenó anoche el levantamiento de la oposición impuesta a la inmobiliaria Rofi, de la cual el senador Félix Bautista es accionista y tercero en adquiriente, por haber violado el Ministerio Público el derecho de propiedad del legislador.
El magistrado adoptó la decisión, tras declarar buena y valida la solicitud de levantamiento de nota de advertencia sobre inmuebles y/o solicitud de oposición a venta y traspaso colocado por la Procuraduría General de la República a la inmobiliaria, presentada por el senador a través de sus abogados Juan Antonio Delgado, Marino Félix Rodríguez, Ramón Núñez y Pedro Balbuena.
En la sentencia, que consta de 29 páginas, el magistrado ordenó al registrador de título de Santiago levantar la inscripción de una nota de advertencia sobre 77 inmuebles propiedad de la empresa Rofi, trabajada el 14 de febrero pasado por el Procurador General de la Republica, Francisco Domínguez Brito.
Asimismo, el tribunal también ordenó al registrador de título del Distrito Nacional levantar la inscripción de nota de advertencia sobre 35 inmuebles de esa inmobiliaria también colocada por la Procuraduría, por haber violado el derecho de propiedad del senador Bautista.
El tribunal aduce que el Ministerio Público con su actuación lo que ha hecho es limitar el derecho de propiedad del legislador, con la oposición y /o anotaciones impidiéndole, sin una tutela judicial efectiva, el pleno goce, disfrute y disposición de los bienes inmuebles que fueron objetos de tales medidas.
Indica que el legislador, al momento de afectar derechos fundamentales, le otorgó esta facultad a los órganos jurisdiccionales para garantizar el pleno goce de los mismos y evitar así arbitrariedades, por lo que el derecho de propiedad igual debe ser tutelado por un juez, si ve afectar producto de una investigación el uso, goce, disposición y disfrute de este.
En su sentencia, el juez también rechazó un incidente presentado por el procurador adjunto, Carlos Castillo y Pelagio Alcántara, de la Procuraduría Especializada Antilavado de actives, con el cual buscaba que el senador mostrara calidad para representar a la inmobiliaria Rofi.
Procurador ReaccionaMientras que el Procurador al reaccionar en torno al caso, aseguró que con esas decisiones “le estamos dejando a nuestros hijos e hijas, una cultura de impunidad y no tenemos el derecho de crear escenarios que permitan que las próximas generaciones paguen las consecuencias de nuestras irresponsabilidades”.
Domínguez Brito expresó que la Judicatura no está asumiendo el rol que le corresponde en la lucha contra la corrupción, poniendo en juego el estado de derecho en República Dominicana.Manifestó que el Ministerio Público ha jugado y seguirá jugando su rol de hacer prevalecer el imperio de la ley sin importan investidura, clase social ni enllavaduras dentro del engranaje político ni del Estado.
Expresó que la sociedad espera de cada uno de los componentes de este sistema, respuestas contundentes y responsables ante estos actos de corrupción que van en detrimento de toda nuestra nación.