Por Lic. Gregory Castellanos Ruano
El pasado veintiocho (28) de Julio del dos mil catorce (2014) el periódico El Nuevo Diario Digital, reseñó, bajo la noticia «Procurador General República: Sociedad debe apoyar eliminación armas de fuego«, calzada por Liliam Mateo, lo siguiente: «576 personas han perdido la vida de enero a junio de este 2014, víctimas de armas de fuego, y otras 227 por armas blancas fruto de la violencia social y la criminalidad, informó el Procurador General de la República.« Es decir: sólo en los primeros seis (6) meses de este año dos mil catorce (2014) se produjeron ochocientos tres (803) muertes.
¿No son suficientes los millares de muertos (sin mencionar los lesionados en forma permanente, los heridos y los golpeados de manera conexa a robos) que ha dejado tendidos sobre el terreno nacional la aplicación del Código Procesal Penal durante los diez (10) años de su nefasta vigencia?¿O nos faltan más para que el convencimiento opere sobre las mentes alienadas que conforman el ejército de cretinos procesales penales cuyo control mental fue logrado gracias a su acriticismo? No estamos hablando de una simple cifra. Estamos hablando de una cifra cuyo calificativo de alarmante se queda paralizado vibrante y resonando en el espacio-tiempo dominicano. Estamos hablando de un horror evitable, de un horror que nos hubiéramos ahorrado de no haberse copiado dicho código en la República Dominicana, de un horror que se ha constituído en un embajador neto del Apocalipsis.
El periódico católico «Camino«, en fecha cinco (5) de Junio del dos mil catorce (2014) publicó un editorial titulado «Nos robaron la paz«, en el cual, entre otras cosas, se expresa lo siguiente: «Lo hemos dicho en otras ocasiones, y jamás nos cansaremos de repetirlo: La violencia y la inseguridad ciudadana están deteriorando de forma dramática el tejido social de las comunidades rurales y urbanas. Se han sembrado tantos vientos desintegradores, echando a un lado los valores que dan sentido a la vida, que hoy la tempestad está tocando la puerta de cientos de hogares que lloran la muerte de un ser querido, o viven en un pánico permanente porque uno de sus miembros ha sido atracado, herido o muerto por los antisociales que han hecho del crimen un estilo de vida.« (Nota: dicho editorial se queda corto, pero muy corto cuando habla de «cientos de hogares«, en realidad son millares y millares de hogares)
La imposibilidad de la convivencia pacífica gracias al desborde delincuencial transmite la noción o la idea de que la nuestra es `Una tierra sin Dios ni Ley`, una tierra en la que la prohibición contenida en el Quinto Mandamiento («No matarás«) del Decálogo y aprisionada como norma de cultura subyacente en el Artículo 295 de nuestro Código Penal ha llevado al ejército de los delincuentes que opera en la República Dominicana a disponer de la vida de todo tipo de seres humanos (jóvenes, mujeres, ancianos, niños, policías, militares y, en general, de todos aquéllos que éllos creen llevan algún dinero en sus bolsillos, o para robar algún vehículo o cualquier otro tipo de bien material al que éllos conceptúan dotado de algún que otro valor económico, y, así mismo, cuántas cosas más que estimen útiles para facilitar la comisión de sus fechorías).
El verbo matar ha sido puesto tan de moda por la disolución del miedo entre los delincuentes provocada dicha disolución, a su vez, por la disolución del funcionamiento adecuado de la rama Penal del Aparato Judicial, que es un verbo de amplia conjugación por dicho sector criminal residente en el país…: lo que no han pensado ni se han detenido a pensar dentro del cepepeísmo es que esa conjugación, ante la clara ausencia de Justicia Penal, puede ser realizada por completo por las autojusticias a que necesaria y forzosamente conduce dicha ausencia de Justicia Penal («Yo mato, tú matas, él (élla) mata; nosotros matamos; vosotros matáis; éllos matan«: si tú, él, élla, ustedes, éllos matan, yo también, nosotros también matamos -o podemos matar-). Suponiendo que la insensibilidad de nuestros diferentes sectores políticos, y de todos nuestros diferentes sectores de todas índoles, sea infinita y que por ello acaso todo continúe igual por otra u otras décadas de muerte y de rabia, entonces la impunidad seguirá sintetizando el transcurrir del tiempo y será ella la que tendrá por oficio dedicarse a enumerar los cadáveres en el camino de la vigencia del Código Procesal Penal.
Esa palabra (impunidad) usada desde los más hondos sectores de la pobreza nacional (que no tienen el motor de la propaganda mediática para que sus casos sean atendidos debidamente -clara señal de la infuncionalidad del tristemente célebre sistema procesal penal implantado-) para darle sentido y significado a la alarma social, lamentable es decirlo, se ha convertido en una palabra vacía como si esta operación de terror andante desatada por una obra de la ingeniería del mal de evidente sello malthusiánico nos hubiera convertido en un país de incontables alarmas sin diques y de infinidad de testigos mudos, no obstante todos estos mirar, ver y observar permanentemente el rostro visible de la tragedia.
Sorprendentemente en algunos sectores desorejados para nada ha sido suficiente el caudaloso río de sangre derramada: ello no ha servido para poner término a la paciencia ni para romper y destruir la anarquía en que se debate el país diariamente durante las veinticuatro (24) horas del día.Nada hay, ni carácter ni proyecto, que paralice la cifra de crímenes en sistemático y permanente aumento.
Por obra y gracia de la supuesta «obra jurídica maestra de todos los tiempos« (¿?), el CPP, la impunidad campea en los despachos del Ministerio Publico y en los despachos propiamente judiciales (y sus salas de audiencias) empapados de una desidia natural que le transmite e inyecta la teoría doctrinaria que le imprime vida a dicho cuerpo normativo. Resulta claro que subsistimos en un claro Estado Fallido: ningún estado en el que quede algo de decencia en sus instituciones puede enorgullecerse de una supuesta «estabilidad« (¿?) y de una supuesta «democracia« (¿?) con tan alto grado de ausencia de Justicia Penal. La injusticia traducida en impunidad penal, no obstante los millares y millares de crímenes y delitos consumados diariamente por los estímulos del Ultragarantismo cepepeísta, sigue tragándose todas las pretensiones anestesiadoras y todos los dogmas producto de los sofismas que le sirven de base de sustentación a dicha corriente jurídico-ideológica que pretende «explicar« (¿?) expresamente lo que cualquier persona con un mínimo de pudor rechaza de inmediato por un natural instinto de negación por repugnancia.
Desde los profundos y obscuros fondos del Terror cepepeísta se ha pretendido y se pretende argumentar que la Revolución Francesa, como esta «revolución« (¿?) cepepeísta, también fue violenta y que igualmente fue absurda, pero que sus frutos sólo vinieron a verse muchos años después, como si esa argumentación justificase el tremendo desastre consumado con la aplicación de la normatividad cepepeísta, intentando, así, construir una épica alucinada de supuestos «logros« (¿?) consecuencias de «los principios«(¿?) y las desviadas creencias sobre los que el cepepeísmo edificó las catástrofes nacional e iberoamericana de la Inseguridad Ciudadana que emerge aplastante de dichos «principios«(¿?) y desviadas creencias que, en realidad, no son otra cosa que un monumental parapeto con el que se busca que se permita seguir con la simulación y el encubrimiento con que se pretende hacer a un lado la desnudez del Rey. Si se ocurriese esperar a «muchos años después« para supuestamente «ver« (¿?) «los logros« (¿?) de «la revolución« (¿?) cepepeísta es totalmente plausible considerar que el número de los habitantes del país habrá sido enormemente reducido (exterminado) a consecuencia de las muertes provocadas por el uso del CPP desbordado de Ultragarantismo. No es lo mismo ni nunca será lo mismo hablar de `derechos` que hablar del `abuso institucionalizado de derechos` al llevar el cepepeísmo, a través de moldes legales, los derechos del imputado más allá del extremo de lo razonable: esto último sólo puede conducir y, en efecto, conduce a entronizar una política criminal del Estado que es literalmente criminal, asesina, genocida, por causar el perjuicio de una vulnerabilidad total de la población de ese Estado: La Cultura de la Muerte en acción; fuera de ahí jamás podrán explicar razonablemente el porqué de la coincidencia de que el sólo hecho de copiar ese código en cada respectivo país de Iberoamérica dio lugar a que en cada uno de ellos de inmediato la delincuencia en todas sus manifestaciones se multiplicara y a que, consiguientemente, el índice delictivo se disparara a niveles insospechados socavando en dichos países la seguridad y la vida en forma estrepitosamente alarmante: no hay diferencia alguna entre la guillotina francesa y la guillotina que ha representado y representa el Código Procesal Penal para nuestras sociedades iberoamericanas: sólo en eso se asemejan la revolución francesa y «la revolución« (¿?) cepepeísta: en que en la primera se usó una máquina de muerte llamada guillotina y en que en la segunda la máquina de muerte, de exterminio o guillotina lo es el propio Código Procesal Penal.
El cepepeísmo se trata, ya lo dijimos en otra ocasión, de un grosero magniembuste en el que los delincuentes salen beneficiados ebrios de «derechos« que en realidad son `abusos de derechos`, pero totalmente secos de obligaciones y de respetos a los intereses o bienes jurídico-penales; de un grosero magniembuste desde el cual se atiza una vanidosa hoguera en la cual en realidad se reducen a cenizas las argucias cepepeístas intentando darle veracidad a su desopilante, es decir, cómica (pero al mismo tiempo trágica) invención. En los libros de Historia a los bárbaros se les alude únicamente por sus atrocidades como ejemplo de lo que no debe ser: cuando los exaltados espíritus conformantes del Cretinismo Procesal Penal razonen sosegadamente lo mismo ocurrirá con los cepepeístas: se les aludirá como creadores y seguidores de un modelo procesal penal que nunca debió ser llevado a la práctica, de un modelo procesal penal ejemplo de lo que no debe ser: es decir, éllos y dicha creación-embeleco suya serán considerados como ejemplos de lo que no debe ser. Y es que está muy claro: mientras más se hable de un inverosímil resultado beneficioso para nuestra sociedad con el uso del CPP, menos cobertura tendrá la masacre consumada a través de él por las bandas armadas beneficiarias y por los numerosísimos individuales lobos esteparios beneficiarios de su vigencia.
Todavía la ciudadanía no termina de organizarse como debe de ser para proferir, con gritos de protestas y con pancartas, su rechazo a una desastrosa gestión procesal penal que tiene al país sumido en una crónica crisis de Inseguridad Ciudadana; mientras esa organización no se materialice se seguirá martillando con el retintín de la propaganda del magniembuste cepepeístaque produjo y bendijo la metamorfosis de los años de tranquilidad (de cuando los habitantes del país todavía podían dormir hasta con la puerta principal de la casa abierta de par en par) a los años desastrosos de la conversión en una sociedad prisionera de los delincuentes en la que las víctimas concretas de éstos devinieron en `algo marginal`, en `cosas`: se produjo un proceso de cosificación tanto de dichas víctimas como de la sociedad.
Los promotores locales del cepepeísmo en su psiquis consideran que no tienen por qué pedir perdón ni se arrepienten de nada… Pues sí deberían… El hecho de que el proyecto cepepeísta sigue, y está, hoy caminando en la cuerda floja por los innumerables actos criminales y delictivos cometidos contra la población civil por la delincuencia prohijada por el CPP, esa población civil que no sólo vive en medio del fuego cruzado entre delincuentes y miembros de la Policía Nacional, lo mismo que entre miembros de diferentes bandas criminales enfrentadas entre sí, sino que es primariamente el blanco esencial y directo de los delincuentes, merece la paz, merece no seguir siendo víctima injusta de la guerra civil no declarada existente desde poco después de dicho código entrar en vigor en el país empezando así este a sentir desde entonces los vientos furiosos de dicha guerra civil no declarada. Esa población se ha visto acorralada por transgredir sobradamente los delincuentes, estimulados por la vigencia del Ultragarantismo, la línea que no deberían de sobrepasar.
La población no quiere oir más el ruido asesino o tullidor de las armas de fuego de los delincuentes, la población no quiere una prolongación de la tragedia; la población no resiste más, aunque mucho haya resistido, que ese dolor de cabeza, esa farsa de «justicia« (¿?) cepepeísta, se haya expandido en el tiempo en base a pretender esconder, para no mostrarlas, las llagas de su sistema jurídicode ignominia.
Y mientras, la mayoría de las gentes carece de seguridad en todos los sentidos, hasta tal nivel que cualquiera puede ser víctima, por aquello de `los derechos que la delincuencia se llevó`, no obstante ser el derecho a la seguridad un derecho fundamental. En ese mientras tanto no se percibe en los legisladores del Congreso Nacional un movimiento firme y decidido que permita desactivar ese huracán creciente de Inseguridad Pública que, de no ser controlado a tiempo, puede ser el motor de una catástrofe mayor. Y todo por un mal cálculo político y por un mal balance. ¿Será tan “astuta” la razón en el Congreso Nacional como para permitir avizorar el camino que conduzca finalmente a la salida de este laberinto que a todos nos ha convertido en vulnerables a corto, a mediano y a largo plazos?
Nos ha convertido en vulnerables a corto, a mediano y a largo plazos de tal manera que el reclamo de seguridad pública es el principal reclamo de la mayoría de la ciudadanía dominicana; en ese sentido, el día dieciocho (18) de Junio del dos mil catorce (2014) el Diario Libre Digital publicó unas declaraciones del Jefe de la Policía Nacional, General Manuel Castro Castillo, orientadas en el sentido de resaltar que lo que quiere de primero la ciudadanía dominicana es `seguridad` («Noticias|18 jun 2014, 12:00 AM|Por Adonis Santiago Díaz Diario Libre La seguridad es el principal reclamo de la ciudadanía SANTO DOMINGO. El jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, reveló ayer que el principal reclamo de la población es la seguridad ciudadana.«) La noticia en cuestión es de inexcusable lectura.
Para quienes cruzamos este océano de inseguridad pública como espectadores y/o como víctimas del presente proceso de vigencia del CPP (pues aquí nadie goza de llevar la divina marca protectora de Caín), no nos queda cosa distinta a enterarnos de todo cuanto acontece en el país bajo dicho régimen procesal penal para así conocer las múltiples rutas de la narración visual para exponer lo que el interesado mutismo del cepepeísmo quiere que permanezca en silencio no obstante tratarse de ayes provenientes desde los últimos fondos humanos para expresar las contingencias trágicas sufridas por los hombres y las mujeres de la República Dominicana no dedicados al quehacer delictivo; para conocer: las crueldades fundamentadas en la leve «certeza« (¿?) de algo (dicho Código Procesal Penal) que realmente es un absurdo sacralizado; las muecas de la violenta gesticulación; las extravagancias entre lo negro abisal de delincuentes oscilantes dentro de lo monstruoso; las cotidianidades estrambóticas que hacen parte del azotado por la fatalidad de esta vigencia normativa de corte genocida después de que el azar lo bambolea con el desaforado instrumento de violencia gozosa de libertad; cómo se pierden las ciudadanas dominicanas y los ciudadanos dominicanos al mismo ritmo que su tiempo se pierde también entre las cláusulas de «la modernidad« (¿?), aprisionados entre el poder de la maldad y la infamia de la impotencia estatal, entre la ingenuidad y los canibalismos.
Entre tanto, el disparate sacralizado (el CPP o Código Procesal Penal) y el culto al mismo siguen manteniendo abiertas las venas de la ciudadanía y de la sociedad dominicanas y de ellas manan sangre a raudales, como nunca antes de dicho código sacralizado se había visto en la vida en esta media isla, prácticamente en proporciones diluvianas.