Por Lic. Gregory Castellanos Ruano
Esencialmente con posterioridad a su Tratado de Derecho Penal (de varios tomos), el conocido autor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni enarbola la visión, tanto en el ámbito del Derecho Penal Material como en el ámbito del Derecho Procesal Penal de que en toda la Historia de la Humanidad el análisis del ejercicio del poder revela que la irracionalidad de dicho ejercicio es la principal fuente de peligro para los ciudadanos de cada Estado y que por eso debe de limitarse lo más posible dicho ejercicio del poder para tratar de disminuir el referido ejercicio irracional del poder.
Desde que el conocido autor argentino enarboló dicha tesis todos sus escritos tanto de Derecho Penal Material como de Derecho Procesal Penal giran alrededor de ella.
La tesis de Zaffaroni tiene un gran ámbito de validez que puede ser apreciado en nuestro país con facilidad palmaria. Para muestras dos botones: en fecha cuatro (4) del mes de Febrero del dos mil diecinueve (2019) el Consejo del Poder Judicial, entonces presidido por el tristemente célebre Mariano Germán Mejía (a) Marianito e integrado por cuatro incondicionales suyos (Sarah I. Henríquez Marín, Etanislao Radhamés Rodríguez F. Fernando Fernández Cruz, Leonardo Recio Tineo) y el entonces inspector del Poder Judicial Leónidas Radhamés Peña Díaz, incurrieron en la arbitrariedad (culminante de otras arbitrariedades) de remitir a un empresario, sin él ser abogado, al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), cuyo presidente Lic. Miguel Alberto Surún Hernández promovió un juicio disciplinario en contra de dicho empresario; al efecto su Junta Directiva Nacional, su Fiscal Disciplinario y su Tribunal Disciplinario actuaron ipso facto sin la más mínima reflexión ya que dicho empresario no es abogado. En fecha trece (13) de Febrero del año dos mil diecinueve (2019), a través de una rueda de prensa, el Lic. Miguel Alberto Surún hizo público aquel oficio de remisión de su alter ego en la triste celebridad y ello dio lugar a irreparables daños morales y materiales en contra de dicho empresario (no abogado) siendo el último de ellos el hecho de que el pasado mes, una entidad bancaria le cerró su cuenta como si él fuera un malhechor, lo cual le ha traído serias dificultades también a la vida económica de su empresa. El pecado de dicho empresario fue cobrar un crédito por la vía legal de un embargo inmobiliario sobre un inmueble propiedad de su deudora y cuya posesión se encuentra en manos del empresario gasolinero Luis Obdulio Beltré Pujols, quien goza de excelentes relaciones con Mariano Germán Mejía (a) Marianito, el juez Justiniano Montero Montero y con quien había sido abogado de dicho empresario gasolinero, el Lic. Miguel Alberto Surún Hernández. Es decir, que el empresario en cuestión transitó por el sendero de la infamia fabricada en el referido lugar primero y continuada en el referido segundo lugar. En síntesis, fue una víctima más de la instrumentalización del pasado Consejo del Poder Judicial y de la instrumentalización del Colegio de Abogados de la República Dominicana, en el sentido que desee su presidente Miguel Alberto Surún Hernández y que con dicha instrumentalización le ha hecho daño tanto a abogados como a personas que, como en el caso de dicho empresario, no son abogados. Recientemente leí el contenido del acto No. 256-2021 del séis (6) de Diciembre del dos mil veintiuno (2021) del alguacil Wilton Arami Pérez Placencia, a requerimiento de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana mediante el cual la misma, ante la negativa a dejarse auditar el Lic. Miguel Alberto Surún Hernández y tras declarar a éste en Desacato apodera a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de una solicitud de auxilio de la fuerza pública a los fines de incautar las documentaciones que sean necesarias para que la Cámara de Cuentas de la República pueda cumplir con su rol constitucional. Frente a todos estos hechos creo que la Magistrada Miriam Germán debería disponer que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigue no sólo los aspectos de manejos de fondos públicos que le señale la Cámara de Cuentas, sino también la instrumentalización del Colegio de Abogados de la República Dominicana, para fines personales del Lic. Miguel Alberto Surún Hernández y de sus allegados particulares, incurriendo para ello en actuaciones como la que hizo con dicho empresario en que cometió la arbitrariedad de patrocinar una acusación disciplinaria en su contra sin él siquiera ser abogado. El otro botón: como si a Raymundo de Seize había que eliminarlo por defender a Luis XVI o como si hubiese que eliminar a un abogado por ser defensor de un criminal de guerra o como si hubiese que eliminar a un abogado por defender a un narcotraficante o como si hubiese que eliminar a un abogado por haber asumido cualquier defensa, a quien suscribe se le metió «en el mismo saco« de aquel oficio de remisión del empresario no abogado al Colegio de Abogados por el hecho de haber sido contratado profesionalmente por el Dr. Johnny Rafael de la Rosa Hiciano como abogado suyo frente a las amenazas de sometimiento penal en su contra por un problema que involucra al juez Justiniano Montero Montero. Tras el Lic. Gregory Castellanos Ruano ser empapado de datos sobre una serie de actos de corrupción cometidos en el Consejo del Poder Judicial de Marianito Germán Mejía (quien goza de «tan buena fama« (¿?) que hasta una muy delicada investigación sobre él salió a relucir en un programa del conocido comentarista internacional Jayme Bayly), el Lic. Gregory Castellanos Ruano publicó dos (2) artículos, en la columna que tiene desde hace décadas en El Nuevo Diario Digital, exponiendo y criticando dichos actos de corrupción cometidos en el seno de dicho Consejo del Poder Judicial del tristemente célebre Marianito Germán Mejía, Consejo del Poder Judicial al cual estaba muy vinculado el señor Justiniano Montero Montero por las funciones que en aquel entonces éste desempeñaba en el organigrama administrativo de la Suprema Corte de Justicia de entonces (Director de la Carrera Judicial). Ello dio lugar a que en una supuesta «investigación« supuestamente consecuencia de la citada denuncia del señor Justiniano Montero Montero, se pretendiese involucrar al suscrito no por haber participado en hecho alguno tipificante de infracción penal alguna, sino por el hecho de publicar esos dos artículos (no lo digo yo: lo dice expresamente el informe de inspectoría en que «se basó« el deplorable Consejo del Poder Judicial de entonces). ¡Lo que ocurre cuando sujetos sin criterio detentan poder!: ¡Lo que señala Zaffaroni: el ejercicio irracional del poder! Al mismo tiempo ello fue una maniobra de Marianito Germán Mejía, sus hijos (los rectores de entre los abogados conocido como La Pseudooficina) y el señor Justiniano Montero Montero a quien aquéllos (Marianito Germán Mejía y sus hijos) quisieron de esa manera proteger respecto de una primera querella penal en contra del señor Justiniano Montero Montero presentada por mi cliente el Dr. Johnny Rafael de la Rosa Hiciano dada a conocer al país a través de una rueda de prensa encabezada por mi persona ya que fui yo quien de manera esencial hizo uso de la palabra. Es decir, que si el Lic. Gregory Castellanos Ruano no hubiese publicado dichos dos artículos exponiendo y criticando la corrupción del Consejo del Poder Judicial de Marianito Germán Mejía, el nombre del Lic. Gregory Castellanos Ruano no hubiese sido halado por la greña para pretender involucrarlo con la ligereza con que se le pretendió involucrar.
El «informe« (¿?) emanado de semejante maniobra y donde se señala desparpajadamente que «el pecado« cometido por el Lic. Gregory Castellanos Ruano fue publicar esos dos artículos en El Nuevo Diario Digital, fue dirigido por el tristemente célebre Marianito Germán Mejía a su alter ego (= su otro yo, por ser de la misma especie) en el Colegio de Abogados, el igualmente tristemente célebre Miguel Alberto Surún Hernández, procedió, como parte de la ópera bufa montada, a no precisar lo que el referido supuesto «informe« decía de que el supuesto «pecado« cometido por el Lic. Gregory Castellanos Ruano fue el de publicar los referidos dos artículos en el que exponía y criticaba la corrupción existente en el Consejo del Poder Judicial del Dr. Marianito Germán Mejía. Es este personaje que se niega a dejarse auditar (se supone que el que no tiene hecha no tiene sospecha) el que se prestó a ir más allá de lo que se señalaba en dicho supuesto «informe« (¿?) como cometido por el Lic. Gregory Castellanos Ruano (las dos publicaciones referidas) y a atreverse a fabular diciendo que yo supuestamente había sido remitido al Colegio de Abogados porque supuestamente «pedía dineros a nombre de unos jueces«; es decir, inventó algo que ni siquiera el supuesto «informe« (¿?) de marras decía. Todo fue un conjunto de maniobras diferentes tendentes a pretender enlodar la imagen del suscrito para tratar, al mismo tiempo, de salvar la imagen del señor Justiniano Montero Montero, a quien un examen de los vínculos de llamadas de sus teléfonos con los del señor Luis Obdulio Beltré Pujols y relacionados sería sumamente interesante.