Manuel Gilbert
PUERTO PLATA.-El profesor Rafael Reyes Bonilla (Punguito) responsabilizó a los políticos, a los centros de enseñanzas y a la Fundación Caamaño del poco conocimiento que tiene la juventud puertoplateña de la Guerra de Abril de 1965 y de la historia dominicana.
En ese sentido, el educador demandó que desde sus respectivos espacios los sectores mencionados cumplan con su rol de educar a los jóvenes sobre qué produjo la Guerra Constitucionalista y sus consecuencias.
Denunció que la Fundación no está funcionando y está completamente paralizada desde que la vivienda donde funcionada, la cual era propiedad del empresario Otto Gómez, fue destruida por los bomberos para evitar que un fuego que afectó el edificio del Circuito Musa.
El educador demandó que los dirigentes de la Fundación Caamaño consigan un nuevo local donde vuelvan a funcionar y puedan continuar educando a los jóvenes sobre la Guerra de Abril de 1965 y otros episodios históricos.
Denunció que muchos constitucionalistas se han muerto en extrema pobreza, lo cual les impedía alimentarse debidamente y poder comprar los medicamentos para cumplir con el tratamiento que les imponían los médicos que los atendían.
Rafael Reyes Bonilla explicó que la Revolución de abril de 1965 tiene dos fases, que son la Guerra Cívico-militar, que tuvo efecto del 24 al 28 y la Guerra Patria que se desarrolló a partir de la intervención de Estados Unidos el 28 de abril.
Reyes Bonilla dijo que la parte más difícil del conflicto bélico fue la primera etapa, por la confusión, la desorganización prevaleciente y la no definición de los bandos, mientas que en la segunda etapa, aunque hubo fieros combates, los bandos estaban definidos.
Denunció que el profesor Juan Bosch fue derrocado mediante el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 en el que participaron militares corruptos, empresarios, el clero y otros sectores reaccionarios y retrógrados.
Exhortó a todos los jóvenes a que se involucren en la actividad política para evitar que al Gobierno, al Congreso Nacional, a los Ayuntamientos y Juntas Distritales sean dirigidos por personas no aptas para desempeñar esas funciones.