Por MANUEL QUITERIO CEDEÑO
Un espacio pagado en un diario matutino justifica la destrucción del río Veragua, explicando que la ampara un decreto del 2009 que declara de “emergencia nacional la canalización, adecuación y remoción de sedimentos de en los Distritos de Riego Alta Yaque del Norte, Bajo Yaque del Norte, Bajo Yuna, Camú, Ozama, Nizao, Valle de Azua, Valle de San Juan, Lago Enriquillo, Yaque el Sur y Distrito del Este”.
Este decreto (530-09) es muy específico y los ríos Veragua y Yásica (del cual el primero es afluente) no son parte de los citados distritos de riego. Para su cumplimiento el decreto forma una comisión con el INNDRI, Ministerio de Medioambiente, Ministerio de Obras Públicas, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuestas ante Desastres.
El aviso pagado reproduce la autorización emitida por José Alarcón, Viceministro de Medioambiente, que dice que la depredación denunciada se realiza al amparo de una decisión de esta comisión. Me resisto a creer que un grupo de estas características apruebe semejante crimen ambiental, apoyándose en un decreto que no lo autoriza. Los ministros de Medioambiente y Obras Públicas, el director del INDRHI y la indicada Comisión Presidencial, deben aclarar si son parte de este desatino o una vez más se utiliza su nombre para tapar decisiones desastrosas.
Cada vez que se toca el tema de los graves daños ambientales provocados en esta región por la extracción de materiales de construcción en las playas y los ríos contradiciendo las regulaciones, suena el nombre del señor Alarcón, pero lo que se le informa al Ministro es que las fotos publicadas son viejas y las denuncias tienen motivaciones mezquinas o las hacen mentirosos. Eso me han dicho amigos del Ministerio a quienes he tratado el tema.
Resulta que las denuncias de extracción indebida de arena en La Lometa destruyendo las dunas, las agresiones al río Yasica y ahora al río Veragua, han sido abaladas por precisos informes de la Comisión de Ciencias Naturales y Medioambiente de la Academia de Ciencias, que señalan la gravedad de estos casos y advierten que es imprescindible que las finas arenas que arrastran los citados ríos lleguen al mar, porque son vitales para mantener viva la playa de Cabarete, cuyo valor turístico y económico nadie puede discutir.
Han vuelto a circular las amenazas contra Miguel Gay-Crossier, un pequeño empresario de origen suizo establecido en Cabarete, motor de la defensa del medioambiente y líder de la lucha contra la corrupción en esta comunidad, y de paso yo estoy incluido en la lista de “culpables” a callar, por mis artículos en defensa los recursos económicos y naturales de Cabarete y Sosúa. ¡Tome nota!