Andrés L. Mateo
Lo verdaderamente constante en la historia del estado-nación dominicano es verificar el fenómeno de la corrupción como una práctica común en la accidentada trayectoria de la vida republicana. Es tal la presencia de la corruptela en la práctica política, que algunos teóricos han legitimado en la conformación genética de los dominicanos un componente que los predispone de forma natural al robo del erario. Ser corrupto es como lógico, inexorable, casi como el destino de Edipo, quien condenado por el Oráculo intenta huir de su designio, y lo que hace es arrojarse sin remedio hacia el cumplimiento del mandato sagrado. Pero la corrupción es una falla sistémica de la forma como los “líderes” que nos han gobernado han organizado la sociedad dominicana, y por lo tanto una categoría histórica controlable en el marco del fortalecimiento institucional. Cuando los mecanismos de control institucional puedan garantizar que el triunfo de un partido no se convierta en una maquinaria implacable de robo de la riqueza pública, y que un maldito ladrón con rango, saco y corbata, y vaselina en el pelo; deje de ser tan solo un “compañerito en apuro” hacia el cual concurrirán todos los mecanismos de la impunidad para protegerlo, entonces haremos retroceder esa concepción patrimonial del estado que ha prevalecido entre los políticos de nuestro país.
Un hito desproporcionado de la corrupción en la República Dominicana es el caso ODEBRECH. Sin embargo, dadas las dimensiones del circuito de circulación del sistema de corrupción instalado nos podría permitir como país convertirlo en un punto de inflexión. ODEBRECH no es “un caso de corrupción”, es un sistema que benefició a tres gobiernos de dos partidos tradicionales, con suficientes huellas en el tiempo y en el espacio, con personajes objetivados, con resultados políticos espectaculares, y con incidencia internacional que obliga a una toma de decisiones que trascienden el marco de la corrompida justicia dominicana. Es un modelo corporativo de corrupción, en el cual participaron directamente los partidos, ministerios, el poder legislativo; y como manto de protección el sistema judicial. Todo el tinglado corrupto de la nación se auto convoca en el caso ODEBRECH, y es como un espejo en el cual se refleja esa perversidad de la historia que se reproduce una y otra vez sin ninguna consecuencia real para sus actores.
La corrupción verificada en ODEBRECH se puede convertir, a pesar de la sospecha de que el Ministerio Público apuesta al olvido y la impunidad, en el punto de partida de la movilización social contra ese flagelo. ¿Por qué la sociedad dominicana está petrificada ante el desborde de la corrupción del gobierno actual, y se ve impotente, cercada, intimidada por la indetenible espiral de los hechos dolosos? ¿Permitiremos que el gobierno se burle del país, que los corruptos sigan pontificando desde el senado, desde los ministerios, dándose la gran vida con los dineros del erario sin que la mano de la justicia los alcance? Si pudiéramos palpar todo lo que está ocurriendo en las instituciones públicas nos daríamos cuenta de la dimensión casi absoluta del desplome de los valores. Somos un país a la deriva. Si el caso ODEBRECH se cierra con una frustración nacional, no tendremos excusas para condenar la atmósfera agobiante en la cual nos hundiremos. En nuestro país la impunidad se ha desplegado con un nivel de efectividad tan sonoro que la sociedad se ha transformado en un gigantesco escenario de simulación y violencia. Hay que ponerse de pie, enarbolar la consigna de que vale la pena vivir en valores, y derribar la hegemonía de la cultura de la corrupción. ¡Salgamos a las calles! Enarbolemos nuestra protesta cívica contra la corrupción, impidamos que la impunidad nos arrope en el caso de ODEBRECH. Ya basta de tanto cinismo, basta de entrarle a saco a la riqueza pública y que los ladrones se burlen de todos nosotros. En este mes de enero marcharemos contra la corrupción, presionaremos para que la justicia actúe, y nos rebelaremos contra nuestra realidad que es el reino de los corruptos. ¡Que el caso ODEBRECH sea un punto de inflexión!