PUERTO PLATA.-Un aspirante a la presidencia de la seccional local del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), acusó a la actual directiva de la entidad, que encabeza la licenciada Altagracia Serrata, de haber convertido a la entidad que agrupa a los juristas locales en una organización decorativa, indiferente a los problemas que padece la Justicia local.
El licenciado Félix Castillo denunció que el local del gremio permanece cerrado, porque es una institución decorativa que no se dedica a ayuda a los abogados, que confrontan muchos problemas en las diferentes instancias de la Justicia del Departamento y el Distrito Judicial de la provincia de Puerto Plata.
El togado explicó que no hay preocupación de los dirigentes locales del CARD, a pesar de que existen dificultades en la Fiscalía, en la Jurisdicción Inmobiliaria, en las dos Cámaras Civiles y Comerciales, en las que hace falta el nombramiento de más personal y que les dote de mas equipos para agilizar los trabajos de ambos tribunales y evitar retrasos de los casos que conocen.
“Hacen falta secretarios auxiliares, abogados ayudantes, computadoras y también el Colegio de Notarios tiene problemas, ya que cuando sus miembros van a registrar un acto, se encuentran que deben esperar dos, tres y cuatro meses, porque no hay personal que lo reciba y los inscriba en los libros correspondientes, porque los empleados no son suficientes”, puntualizó.
Lamentó que esas dificultades en las Camaras Civiles y Comerciales no sean eliminadas, cuando pueden ser enfrentadas por medio de la seccional local o la dirección nacional del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD). Asimismo, planteó que para resolver los atrasos de varios años que existen el Tribunal de Tierra para fallar los casos que conoce, se cree nueva sala.
Indicó que cuando la Jurisdicción Inmobiliaria conoce un expediente relacionado con un saneamiento de un inmueble se envía para ocho o nueve meses y los casos duran entre tres y cuatro años, lo que afecta los negocios inmobiliarios y se refleja en los bolsillos de los abogados que llevan los casos, situación que amerita una solución inmediata.
Atribuyó la falta de trabajo en material penal de los abogados penalistas, al hecho de que cuando el Juzgado de Instrucción recibe un expediente, lo primero que se hace es llamar a un defensor técnico, propiciando que la posibilidad de trabajo de los abogados pase a un segundo término, cuando la Defensoría Pública solo debiera encargarse de defender a los detenidos por algún delito que no tengan dinero para pagar.
Demandó a nombre de los casi dos mil abogados que ejercen en Puerto Plata la creación de una ventanilla única para atender a los profesionales del derecho, los que tienen que esperar en fila el mismo tiempo que dura un ciudadano que no ejerce la abogacía.