PUERTO PLATA.-Al tenor de lo que estatuye la ley 10-91 del 24 de abril de 1991 que crea el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) son periodistas los egresados de una escuela de comunicación social de nivel universitario, pero en otros dos artículos, incluyendo uno transitorio, se contradice y reconoce el derecho de los dueños de medios de comunicación a contratar personas sin licenciatura universitaria para que laboren en sus plataformas mediáticas..
El mismo artículo expresa que son periodistas los tienen por ocupación principal, regular y retribuida, los que obtienen, emiten informaciones u opiniones en publicaciones periódicas, en medios audiovisuales, en agencias de noticias, en oficinas y agencias destinadas a la distribución de informaciones, y que obtiene de esa ocupación los principales recursos para su subsistencia,
En el párrafo II del artículo 2 la ley orgánica del CDP establece que “las relaciones de trabajo entre los medios de comunicación y los periodistas profesionales se rigen por el principio de la libertad de contratación. Sin embargo, en igualdad de condiciones, al momento de contratar periodistas los medios darán preferencia a los graduados de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario..
En su artículo 5 la citada ley establece que la afiliación al CDP será voluntaria, pudiendo ser miembros del mismo: Los graduados de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario y las personas que ejerzan como periodistas en medios nacionales de comunicación, siempre que cumplan los requisitos formulados en el artículo 4.
El artículo anterior establece, además, en un transitorio que también serán miembros del CDP “los que al momento de promulgarse la presente ley estén empleados en una publicación periódica, medios audiovisuales, oficinas o agencias de prensa, y los que no estén empleados y hayan ejercido la profesión durante tres años, alternos o contiguos, derivando de ella los principales recursos para la subsistencia, tienen derecho a pertenecer al Colegio”..
En el numeral II del artículo 1 de la citada norma, al referirse a las relaciones de trabajo entre los medios de comunicación y los periodistas profesionales indica que se rigen por el principio de la libertad de contratación. Sin embargo, en igualdad de condiciones, al momento de contratar periodistas los medios darán preferencia a los graduados de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario.
Aquí se dejó abierto el intersticio por donde se les otorgó, implícitamente, a los propietarios de medios de comunicación a contratar a cualquiera, cuando se les indica que “al momento de contratar periodistas los medios darán preferencia a los graduados de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario”. Se cometió el error de no establecer la obligatoriedad de los dueños de empresas periodísticas a contratar solo a graduados de periodismo a nivel universitario.
Ahí se reconoció que existen periodistas graduados en escuelas de periodismo y/o de comunicación social de nivel universitario, a los que se dará preferencia a la hora de contratar a un periodista y aunque no lo consigna, implícitamente, está reconociendo que existen personas que ejercen el oficio de periodistas sin tener un título universitario. Lo que también reconoció en el transitorio.
Mientras la ley 10-91 no sea modificada, al tenor de lo que manda el numeral 15 de la Constitución vigente, votada el 26 de enero del 2010, en cuanto a que “a nadie puede impedírsele lo que la ley no prohíbe” y como la ley 10-91 no les prohíbe a los dueños de medios contratar a personas no graduadas de periodismo o comunicación social y engancharlas a ejercer dicho oficio otorgándoles carnets para que incursionen en el mundo de la comunicación.
En tal virtud, pueden ser llamados indistintamente periodistas o comunicadores, tanto los egresados de una escuela de periodismo de una universidad como ciudadano que se sienta aptos para el ofició sin tener un título académico en el de periodismo o comunicación social o, sencillamente, porque dueños de medios o programas rentados las “enganchó” y les otorgó carnets de identidad para que incursionen como periodistas o comunicadores,